México y Argentina se han sumado a Bolivia como países latinos que han repudiado abiertamente las acciones de guerra de Israel.
Argentina y México se han sumado este miércoles a la condena de varios países latinoamericanos al bombardeo de Yabalia, el mayor campamento de refugiados en Gaza. “Nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna”, se lee en un comunicado de la Cancillería argentina. México, por su parte, señala la existencia de posibles crímenes de guerra. Los gobiernos de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador se suman así a las declaraciones ya emitidas el martes por sus contrapartes de Bolivia, que ha roto relaciones diplomáticas con Israel; y de Colombia y Chile, que han llamado a consulta a sus embajadores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino recuerda que el 7 de octubre también condenó el ataque de Hamás contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. Señala que incluso reconoció el derecho a la legítima defensa. Sin embargo, el comunicado enfatiza en que Israel está traspasando los límites del derecho internacional en su intervención en Gaza, tras el bombardeo al centro de refugiados, que dejó 50 muertos, 150 heridos, un inmenso cráter y daños en los edificios cercanos. Entre los restos se han sacado los cadáveres de al menos tres bebés. La cifra de muertos desde que comenzó la guerra asciende a 8.525 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza; en el otro bando, las autoridades israelíes reportan 1.400.
“Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales”, remarca la Cancillería argentina, que además pide que la asistencia internacional comience a llegar sin restricciones y “de manera urgente” ante el agravamiento de la crisis. Asimismo, exige que Hamás libere de forma inmediata a los rehenes que mantiene, informa Mar Centenera.
Por su parte, el Gobierno de México ha escalado este miércoles sus críticas a los ataques de Israel y ha llamado a un cese de las hostilidades urgente. La representante mexicana ante las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, ha condenado los ataques a la población civil, al personal médico y humanitario y a la infraestructura esencial, “que podrían constituir crímenes de guerra”. En la asamblea especial de emergencia con motivo de la guerra, la embajadora también ha pedido que Israel levante el sitio en torno a Gaza, “teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional”. La representante ha condenado los actos terroristas de Hamás contra Israel, pero ha sido clara en que la respuesta es desproporcional.
La embajadora mexicana también ha criticado la ocupación de los territorios palestinos, señalando que ello contraviene la Carta de la ONU. “Cualquier adquisición de territorio obtenida por la fuerza es nula y carente de validez. Exigimos a la Potencia Ocupante cesar su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina”, ha afirmado. La diplomática ha dicho que México favorece la solución al conflicto bajo la “premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, y permita la consolidación del Estado de Palestina, viable política y económicamente”.
Las condenas de México y Argentina se suman a las de otros países de la región. La más contundente ha sido la de Bolivia, que el martes anunció la ruptura de relaciones diplomáticas. El Gobierno de Luis Arce condenó lo que consideró “la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel” y pidió el cese del bloqueo a Gaza, que impide la entrada de alimentos y agua. Convocó a los demás países de la región para pedir “soluciones estructurales”. Con esa decisión, Arce cedió a las presiones de su mentor y exjefe político, el expresidente Evo Morales, quien por semanas había pedido al Gobierno que tomara decisiones más drásticas que el apoyo a Palestina que había manifestado el presidente. Tras el anuncio, Morales señaló que “no es suficiente”.
La Administración de Gustavo Petro, en Colombia, optó por una medida significativa pero menos fuerte, al llamar a consultas a su embajadora. El mandatario compartió el comunicado de su Cancillería y profundizó sobre su postura en X, antes Twitter. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, escribió. “Se llama genocidio, lo hacen para sacar el pueblo palestino de Gaza y apropiársela. El jefe del Estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad. Sus aliados no pueden hablar de democracia”, declaró en referencia al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El mandatario colombiano ha sido uno de los líderes mundiales más enfáticos en condenar a Israel. Tras el ataque inicial de Hamás, se negó a condenar directamente a la milicia y optó por reiterar su postura respecto a que existe una ocupación ilegal en Palestina. Después, escaló en el mensaje al comparar la situación con la del campo de concentración de Auschwitz, donde fueron asesinados decenas de miles de judíos. Esto derivó en que Israel anunciara la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad hacia Colombia y en que Petro aumentara el tono. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, dijo el 16 de octubre.
En Chile, el presidente Gabriel Boric tomó la misma decisión, aunque ha mantenido un tono más moderado. El martes hizo un llamamiento a redoblar los esfuerzos para lograr una tregua y el urgente ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, al tiempo que exigió la liberación “inmediata” de los secuestrados por Hamás. “Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares —que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza— no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional”, escribió el mandatario chileno, que adjuntó el comunicado de su Cancillería, liderada por el ministro Alberto Van Klaveren.
Fuente: EL PAÍS
